Jueces de Washington, delaciones compradas y golpe institucional.

No es solamente un preso político, por cierto es admirable la audacia de esta gente, meter preso a un funcionario de nivel del mismo partido que está en el gobierno. Boudou es un blanco bastante grande, uno hubiera pensado que lo dejarían pasar. Ojo porque el mismo golpe de estado constitucional sigue adelante. Es como si no hubieran perdido las elecciones, como si no hubieran surgido todos esos casos de espionaje a presos políticos, funcionarios, políticos opositores y lo que venga. Es como si Dalesio nunca hubiera ido preso y nunca hubiera saltado el hotel de Vanderbruele o como se llame. La condena sin pruebas, con solamente un testimonio comprado, es un golpe de estado. Mañana a cualquiera, más que nada a Cristina, le pueden armar, ya le armaron, una causa similar, sin pruebas, y se pueden dar el gusto de mandarlo preso. Es una dictadura con denuncias ridículas, por cierto que todo el mundo está denunciado por algo, pruebas inventadas, arrepentidos que declaran por delitos cometidos cuando la ley no estaba en vigencia, y juicios de parte de tipos con relaciones económicas y/o políticas y lo que sea con el macrismo. La ley del arrepentido es inconstitucional porque nadie puede declarar contra sí mismo y porque premiar delaciones es ilegal. Esa ley tiene que ser declarada nula, todos los procesos que se sigan de aplicar esa ley deben ser anulados. La ley del arrepentido es un golpe de estado, no tiene otro sentido. ¡Vamos! Le pagas a un delincuente para que denuncie a un tipo que se te opone, ya se hizo, te lo hacía, que casualidad, la dictadura militar. La condena contra Boudou irrita porque se trata de, más allá de las diferencias que uno puede tener con los peronistas, un compañero, de un funcionario que estuvo detrás de una de las conquistas más importantes que fue la estatización de los fondos de los jubilados. Y aunque no fuera tan compañero es repugnante que vaya preso un inocente. Pero esa no es la esencia del asunto. Lo funesto para nuestro país es el golpe institucional. Que un grupo de tipos que nadie votó tengan la suma del poder público y empiecen a voltear leyes que no les gustan. Leyes que no le gustan a los macristas, a la sociedad rural o a la embajada. Eso puede pasar con leyes que son fundamentales como los fondos de la coparticipación, como el aporte de los millonarios y el de futuros impuestos a consumos de lujo que son indispensables. Que el gobierno peronista acepte que funcionarios peronistas queden presos es, al parecer, indispensable para mantener a aliados de la derecha. Se puede seguir adelante. En cambio a lo que estamos asistiendo es a la judicialización de la economía. Existe la posibilidad cierta de que las leyes que aminorarían el impacto de la crisis redistribuyendo vayan a la corte suprema o donde sea y queden ahí. No hace falta que se expidan, con que cajoneen y nos tengan esperando unos meses es suficiente. Aun con la mejor buena voluntad a los más pobres, y a muchos de los no tan pobres, nos está costando un montón sobrevivir. A nadie le convence que la economía este creciendo si no le llega a los bolsillos. La explicación de que nada se puede hacer contra la corte y los juececitos no es aceptable. Tal vez esté llegando el momento en que no necesitamos tanta institucionalidad, legalidad, diálogo y respeto y más palo y a la bolsa. Y una última cosa, estaba leyendo sobre este juez que anduvo haciendo declaraciones, llenas de formalidades sin sentido, es un “luchador contra la corrupción” made in Washington, un país donde ganó las elecciones el que salió segundo.